El senador provincial GEN Omar Foglia presentó un proyecto de ley que propone diversas soluciones a las problemáticas que se plantean respecto de las cuotas alimentarias adeudadas con un criterio más integral que el sostenido por la normativa vigente (Ley 13074), en pos de procurar una mejor calidad de vida de nuestra población, específicamente, de un sector tan vulnerable como son los menores de edad.
Este proyecto pretende regular el procedimiento a seguir en caso de atrasos en el pago de cuotas alimentarias y evitar los innumerables trastornos que ello provoca.
En cuanto a las cuestiones de fondo, la iniciativa incorpora -junto al Registro de Deudores Alimentarios Morosos- a los empleadores que injustificadamente incumplan con una orden judicial relacionada a la retención y depósito de recursos económicos en concepto de cuota alimentaria. Teniendo en cuenta que el compromiso para que se cumpla la ley (hacer efectivo el derecho alimentario) no es exclusivo de unos pocos, sino que debe ser de toda la ciudadanía en general.
“Asimismo -explicó el senador- el proyecto, establece claros y concretos mecanismos de control estatal y social respecto de los deberes alimentarios, desalentando y castigando su incumplimiento. De allí la razón por la cual se establece que la información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos pueda ser solicitada por cualquier persona, física o jurídica, pública o privada que posea un mero interés y se insta al Poder Ejecutivo a fin de que el mismo promueva una amplia divulgación de la ley”.
Una de las ideas rectoras que sustenta esta iniciativa es la que considera que toda aquella persona que puede adquirir o transferir bienes o valores se encuentra en condiciones de satisfacer el pago de la cuota alimentaria adeudada y por ello se prevén distintas situaciones (créditos bancarios, compraventa, pagos judiciales, etc).
Además se establece que los organismos provinciales, municipales o entes descentralizados exijan el certificado de libre deuda a fin de dar curso a diversos trámites. “Se estipula expresamente que los funcionarios públicos, magistrados, profesionales colegiados (exhortando a los respectivos colegios) y quienes aspiren a cargos electivos, deben cumplir estrictamente con ese deber”, señaló Foglia.
Por último, se faculta al Ejecutivo Provincial a los efectos de que proceda a la apertura de una Delegación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en cada una de las ciudades cabeceras de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia para hacer más ágil y expeditiva su implementación y a que aquel celebre convenios de reciprocidad con otras jurisdicciones.
Este proyecto pretende regular el procedimiento a seguir en caso de atrasos en el pago de cuotas alimentarias y evitar los innumerables trastornos que ello provoca.
En cuanto a las cuestiones de fondo, la iniciativa incorpora -junto al Registro de Deudores Alimentarios Morosos- a los empleadores que injustificadamente incumplan con una orden judicial relacionada a la retención y depósito de recursos económicos en concepto de cuota alimentaria. Teniendo en cuenta que el compromiso para que se cumpla la ley (hacer efectivo el derecho alimentario) no es exclusivo de unos pocos, sino que debe ser de toda la ciudadanía en general.
“Asimismo -explicó el senador- el proyecto, establece claros y concretos mecanismos de control estatal y social respecto de los deberes alimentarios, desalentando y castigando su incumplimiento. De allí la razón por la cual se establece que la información contenida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos pueda ser solicitada por cualquier persona, física o jurídica, pública o privada que posea un mero interés y se insta al Poder Ejecutivo a fin de que el mismo promueva una amplia divulgación de la ley”.
Una de las ideas rectoras que sustenta esta iniciativa es la que considera que toda aquella persona que puede adquirir o transferir bienes o valores se encuentra en condiciones de satisfacer el pago de la cuota alimentaria adeudada y por ello se prevén distintas situaciones (créditos bancarios, compraventa, pagos judiciales, etc).
Además se establece que los organismos provinciales, municipales o entes descentralizados exijan el certificado de libre deuda a fin de dar curso a diversos trámites. “Se estipula expresamente que los funcionarios públicos, magistrados, profesionales colegiados (exhortando a los respectivos colegios) y quienes aspiren a cargos electivos, deben cumplir estrictamente con ese deber”, señaló Foglia.
Por último, se faculta al Ejecutivo Provincial a los efectos de que proceda a la apertura de una Delegación del Registro de Deudores Alimentarios Morosos en cada una de las ciudades cabeceras de los distintos Departamentos Judiciales de la Provincia para hacer más ágil y expeditiva su implementación y a que aquel celebre convenios de reciprocidad con otras jurisdicciones.
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